En un nuevo Diálogo para la Justicia Educacional analizamos las esperanzas pero también los desafíos que trae consigo la implementación de la Ley del Trastorno del Espectro Autista (TEA), recientemente promulgada tras un arduo trabajo de familiares de personas diagnosticadas con TEA y organizaciones de la sociedad civil.
El panel fue moderado por la investigadora del Centro de Justicia Educacional, Camila Martínez; y contó con la participación de la directora del Departamento de Diversidad e Inclusividad Educativa Universidad Católica del Maule, Carolina Cornejo; el investigador principal Línea Inclusión de la Discapacidad del CJE, Ricardo Rosas; y Andrea Solano, apoderada de un estudiante con TEA.
Respecto a qué beneficios trae, Andrea Solano consideró que «el principal aporte de esta ley en el ámbito escolar tiene que ver con la oportunidad de visualización de todos los niños y jóvenes autistas y de las dificultades que enfrentan sus familias para la inserción escolar», esto considerando que «muchos padres de niños autistas tienen grandes dificultades para encontrar un colegio que acepte a sus hijos». Con este punto coincidió Carolina Cornejo, quien afirmó que la legislación «abre un eje esperanzador en la línea de visibilizar y poner el tema en la mesa: de que las personas vayan respetando las diferencias individuales, respeten los tiempos de aprendizaje y respeten las maneras en que se comunican o relacionan con otros, porque hemos normalizado algunas formas como correctas o adecuadas».
Eso sí, se mostró contraria a generar leyes específicas y recordó la Ley 20.422, que establece normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. En esta línea cuestionó su mala implementación: «o sea hace 13 años que fue publicada y todavía no tiene reglamento».
«A mí me da un poco de susto que con esta ley vaya a pasar como similar, que finalmente lo que se hace es visibilizar una situación, no solamente de las personas, sino que también de la familia, del entorno, lo cual no es fácil, (…) Entonces yo no sé si efectivamente los colegios se van a abrir, porque esta ley no obliga a que los colegios reciban, sino que se trabaja con la disposición y la voluntariedad de los directivos», agregó.
Por su parte, Ricardo Rosas se mostró escéptico con los cambios puntuales que pueda generar tanto la ley con su reglamento y enfatizó que los problemas de inclusión e inserción responden a un origen cultural. Así afirmó que «la condición del TEA es cualitativamente y fenomenológicamente diferente a todas las demás condiciones de ‘discapacidad’ que existen (…) La diferencia, digámoslo así, tiene que ver en un aspecto que en nuestra cultura está totalmente sobrevalorado, que son las habilidades sociales y las habilidades lingüísticas», señaló el investigador.
El panel fue moderado por la investigadora del Centro de Justicia Educacional, Camila Martínez; y contó con la participación de la directora del Departamento de Diversidad e Inclusividad Educativa Universidad Católica del Maule, Carolina Cornejo; el investigador principal Línea Inclusión de la Discapacidad del CJE, Ricardo Rosas; y Andrea Solano, apoderada de un estudiante con TEA.
Respecto a qué beneficios trae, Andrea Solano consideró que «el principal aporte de esta ley en el ámbito escolar tiene que ver con la oportunidad de visualización de todos los niños y jóvenes autistas y de las dificultades que enfrentan sus familias para la inserción escolar», esto considerando que «muchos padres de niños autistas tienen grandes dificultades para encontrar un colegio que acepte a sus hijos». Con este punto coincidió Carolina Cornejo, quien afirmó que la legislación «abre un eje esperanzador en la línea de visibilizar y poner el tema en la mesa: de que las personas vayan respetando las diferencias individuales, respeten los tiempos de aprendizaje y respeten las maneras en que se comunican o relacionan con otros, porque hemos normalizado algunas formas como correctas o adecuadas».
Eso sí, se mostró contraria a generar leyes específicas y recordó la Ley 20.422, que establece normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. En esta línea cuestionó su mala implementación: «o sea hace 13 años que fue publicada y todavía no tiene reglamento».
«A mí me da un poco de susto que con esta ley vaya a pasar como similar, que finalmente lo que se hace es visibilizar una situación, no solamente de las personas, sino que también de la familia, del entorno, lo cual no es fácil, (…) Entonces yo no sé si efectivamente los colegios se van a abrir, porque esta ley no obliga a que los colegios reciban, sino que se trabaja con la disposición y la voluntariedad de los directivos», agregó.
Por su parte, Ricardo Rosas se mostró escéptico con los cambios puntuales que pueda generar tanto la ley con su reglamento y enfatizó que los problemas de inclusión e inserción responden a un origen cultural. Así afirmó que «la condición del TEA es cualitativamente y fenomenológicamente diferente a todas las demás condiciones de ‘discapacidad’ que existen (…) La diferencia, digámoslo así, tiene que ver en un aspecto que en nuestra cultura está totalmente sobrevalorado, que son las habilidades sociales y las habilidades lingüísticas», señaló el investigador.
