(Santiago 6 de noviembre 2017)
Se aproxima una nueva elección presidencial, en la que la educación, como desde 2011, estará en el centro de las propuestas y debates. En los últimos cinco años la idea de la educación como un derecho social logró instalarse en la discusión pública, en el mundo político y en el diseño de políticas educacionales. Este concepto guió las reformas emprendidas por el actual gobierno: las políticas de gratuidad progresiva, tanto en el nivel escolar como superior, así como el fin de la selección por parte de los establecimientos educacionales subsidiados, a través de la Ley de Inclusión, apuntan a garantizar el acceso a la educación como un bien público.
Sin embargo, sería un error que las aspiraciones de desarrollo de nuestro sistema educacional se agotaran en la cuestión del acceso. Nuestro país experimenta hoy cambios sociales y culturales que plantean nuevos desafíos en términos de diversidad, inclusión y aprendizaje. Además de la ya conocida y bien estudiada segregación socioeconómica, las escuelas hoy experimentan un aumento de la población migrante que se inserta en el sistema, una mayor participación de estudiantes con necesidades educativas especiales en aulas regulares, y el reconocimiento de la diversidad de género, de origen étnico y de orientación sexual como elementos de identidad que deben valorarse en lugar de ignorarse o combatirse. En la educación superior, por otro lado, los estudiantes de hoy presentan una variada gama de capacidades académicas, calidad de la escolarización previa, edad, y situaciones familiares y laborales, que desafía a las instituciones formadoras.
Los retos que la diversidad plantea a los planes de estudio, los métodos de enseñanza y los sistemas de apoyo para el estudiante suelen ser mal entendidos y rara vez enfrentados, lo que trae negativas consecuencias para las oportunidades educacionales de muchos. Con ello, se vulnera una demanda de justicia mínima para las instituciones educativas: que no produzcan desventajas y, como resultado, exclusiones ilegítimas e injustificables que tienen un profundo impacto en la vida presente y oportunidades de futuro.
Como criterio normativo y orientación de las políticas públicas, el de justicia educacional nos plantea preguntas urgentes que incorporan, y a la vez trascienden, el problema de la segregación socioeconómica: En una sociedad tan desigual como la nuestra, ¿qué significa dar “igualdad de oportunidades” educacionales? ¿Asegurar pisos mínimos? ¿Garantizar igualdad de resultados? ¿Priorizar a los grupos más desventajados? ¿Dar a cada estudiante, según su necesidad, los recursos educativos para poder desarrollarse plenamente como adulto?
Estas preguntas sobre qué es lo justo en educación, explícita o implícitamente, estarán en el trasfondo de los cambios en la educación chilena en la próxima década, involucrando las prácticas pedagógicas en el aula, comprometiendo las decisiones de los directivos escolares y sostenedores, y guiando las políticas de gobierno.
Probablemente estemos todos de acuerdo en que factores accidentales como la clase social, la nacionalidad, el origen étnico, el género y la discapacidad no debiesen incidir en las oportunidades educacionales de niños y adolescentes. Y, sin embargo, aún influyen considerablemente.
La investigación sobre estos problemas tiene un importante rol que jugar en esta nueva fase inclusiva del desarrollo de la educación chilena, de modo de identificar y comprender la forma multidimensional que asume hoy la falta de oportunidades de aprendizaje en la escuela, a fin de ofrecer políticas públicas y prácticas pedagógicas capaces de lograr inclusión con identidad en variados contextos, niveles educacionales, y grupos sociales.
Director Centro Justicia Educacional
Pontificia Universidad Católica de Chile
Fuente: El Mercurio
