“Los niños primero” es una frase tan manipulada que lamentablemente ha perdido sentido. La invitación de esta columna es a recuperar esta preocupación y dar un sentido distinto al temor sobre la discusión de la Educación en Afectividad y Sexualidad Integral (EASI). La evidencia nacional e internacional (ej. Fonner et al., 2014; Mbizvo et al., 2023; Breull & Agud, 2023) muestra que una buena EASI, adaptada a las distintas etapas de desarrollo de niños, niñas y adolescentes, es efectiva, al menos, en cuatro dimensiones clave de prevención: del VIH, de embarazos adolescentes, de violencia de género y de abuso sexual infantil.
Tomemos como ejemplo algunos datos que nos debieran ayudar a entender la urgencia de una política en estas materias. En Chile el grupo más afectado por ITS son personas entre 15 y 39 años. Según datos de ONUSIDA/AID (2020), la prevalencia de VIH en la población adulta (15 a 49 años) es mayor que la de países vecinos como Perú, Bolivia y Argentina. A nivel global, la OMS (2020) estima que un tercio de las nuevas infecciones por VIH se producen entre jóvenes de 15 a 25 años. Por otro lado, según datos de la OMS (2020), a nivel mundial, cada año quedan embarazadas 16 millones de adolescentes de 15 a 19 años y 1 millón de menores de 15 años, mayoritariamente en países de ingresos bajos y medios. América Latina y el Caribe tienen la segunda tasa estimada de fecundidad adolescente más elevada en el mundo. En este punto es muy significativo relacionar el embarazo adolescente con la política de reactivación educativa, dado que el embarazo adolescente es uno de los dos factores con mayor impacto en los números de deserción y exclusión escolar (Comunidad Mujer, 2021), particularmente en grupos vulnerados. Aquí una EASI nos ayudaría a disminuir los números de deserción escolar y potenciar la reactivación.
En otro orden de datos altamente preocupantes, según Humanas, solo en 2018, más de 3000 adolescentes de entre 10 y 19 años fueron atendidos en centros públicos de salud tras ataques sexuales o agresiones de sus parejas. Las mujeres siguen siendo las más afectadas. Al año 2020, las cifras de la PDI mostraban que un 51% de las víctimas de abuso sexual infantil fueron agredidas por una persona con grado de parentesco, lo que refuerza la urgencia de que la educación en sexualidad no sea tarea exclusiva de las familias. Junto a estos datos, el 2022 se alertó de un aumento de denuncias de delitos sexuales en un 42%, cifra que se duplica en un lapso de 11 años, según un estudio elaborado por la fundación Amparo y Justicia a partir de datos del Ministerio Público.
Al mirar estas cifras, cabe preguntarnos cómo frenamos problemáticas que dañan las trayectorias educativas de niños, niñas y adolescentes. Sin duda tenemos muchas urgencias que atender en el campo de la educación, pero esta no es menos relevante que otras. Cuando pensamos en las vidas y salud mental de estudiantes, tanto la transmisión de ITS y el embarazo adolescente, como la violencia de género y el abuso sexual infantil son preocupaciones urgentes para el sistema educativo y las familias. La evidencia internacional muestra que una EASI acorde a las etapas del desarrollo y transversal en el sistema de educación nacional tiene un impacto en disminuir estas cifras. Si no es a través de un programa especializado de formación en el espacio escolar, ¿quién se hace cargo de educar para frenar la violencia de género y detener el abuso sexual infantil, por ejemplo? Por ahora no parece existir otra instancia más idónea para esta labor.
Es evidente que las familias son fundamentales en esta misión, pero los números dan cuenta de que no son suficientes. Si las familias estamos haciendo bien el trabajo entonces, ¿dónde aprenden los niños a mirar a sus compañeras como objetos sexuales? ¿Dónde aprenden niñas y niños a callar o no reconocer el abuso y denunciarlo? No podemos mirar para el lado y pretender que estos no son problemas urgentes. La violencia y el abuso son prácticas que no debemos dejar pasar o esperar que se arreglen solas o en el marco de cada familia, porque, en términos técnicos, es imposible. Pongamos efectivamente a los niños, niñas y adolescentes primero y enfoquemos la conversación en lo que puede mejorar la EASI.
Claudia Matus Cánovas
Profesora Titular Facultad Educación UC
Directora Centro Justicia Educacional
