[vc_row css=\».vc_custom_1576603324847{margin-right: 30px !important;padding-right: 20px !important;}\»][vc_column][vc_column_text]Andrés Bernasconi fue invitado a participar de la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del Senado donde destacó que una de las principales falencias del proyecto es la falta de confianza en las instituciones y de comprensión respecto de lo que es la educación superior.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=\»1/6\»][/vc_column][vc_column width=\»2/3\»][vc_column_text]![\"Andrés](\"https://centrojusticiaeducacional.lib.uc.cl/justedu/wp-content/uploads/2017/02/foto-direc-300x162.jpg\")
(Santiago 6 Octubre 2017 )
Andrés Bernasconi, Director del Centro Justicia Educacional (CJE), asistió a la sesión del 2 de octubre de 2017 de la Comisión de Educación y Cultura del Senado para exponer su opinión respecto del proyecto de ley de educación superior.
En su exposición, el profesor asociado de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, comenzó explicando que el defecto fundamental del proyecto es “la negativa valoración sobre la educación superior chilena que subyace al proyecto y la institucionalización de la desconfianza en sus instituciones y autoridades”.
En ese sentido, destacó que se busca “regular a las instituciones de educación superior como si se tratara de la industria de los casinos de juego, una actividad propensa al fraude y a otras irregularidades, que debe vigilarse de cerca. La amenaza de sanción penal aparece nueve veces en el proyecto y la palabra “infracción” aparece 33 veces” puntualizó el experto.
Bernasconi apeló a mirar las instituciones de educación superior con confianza ya que “no puede haber educación superior si no hay un mínimo de confianza en las instituciones. La confianza y la presunción de buena fe están en la naturaleza misma del proceso educativo, que es la relación maestro-alumno”, enfatizó.
Desde su perspectiva, el proyecto de ley deja ver una profunda falta de comprensión de lo que es educación. “Lo que necesita la educación superior de Chile es apoyo para su desarrollo, lo que incluye, por supuesto, sanciones a las infracciones de la legislación, pero en este proyecto hay muy poco de lo primero, apoyo, y demasiado de lo segundo, penalidades. En suma, lo que el Senado tiene ante sí no es una ley de educación superior, es el código penal de la educación superior”, comentó.
El rol de Estado
El proyecto crea la Subsecretaría de Educación Superior, órgano rector del sistema y encargado de proponer y ejecutar las políticas de educación superior y la Superintendencia de Educación Superior, quien fiscaliza el cumplimiento de la legislación.
El Director del Centro Justicia Educacional, señaló que “el gobierno ha planteado que ha habido demasiado mercado y muy poco Estado en la educación superior. El Estado es, para efectos de este proyecto de ley, el Subsecretario de Educación Superior y el Superintendente, con sus equipos, la CNA, y la Comisión de Expertos que fija aranceles. El proyecto confía en que ellos saben mejor que las instituciones de educación superior lo que es bueno para la educación superior. Puede que sí, pero si no, los resultados pueden ser catastróficos para el sistema de educación superior en su conjunto. Una mala decisión de una institución la perjudica a ella solamente. Una mala decisión del Superintendente las afecta a todas”, agregó.
Sin embargo, Bernasconi reconoce aspectos positivos del proyecto, como “la importancia que se le da al sector técnico profesional y su estrategia de desarrollo. Otro punto a destacar es la acreditación institucional obligatoria, y la ampliación de las carreras con acreditación obligatoria de modo de incluir a todas las de la salud y las de educación. También es un avance que los integrantes de la CNA sean independientes de las instituciones, y el reconocimiento en la acreditación de los programas de formación en línea. Lo mismo cabe decir del marco nacional de cualificaciones. Pero estas valiosas propuestas no alcanzan para salvar un proyecto fundamentalmente viciado en su concepción de la educación superior”, apuntó.
Finalmente, el director de CJE comentó que faltó mirada de largo plazo para la institucionalidad pública “la que se podría haber abordado con la creación pública un consejo de educación superior de carácter consultivo y permanente, conformado por destacados ex rectores, ex ministros, premios nacionales y personalidades de similar calibre. Ese consejo, mucho más que el subsecretario, puede abordar la tarea de crear estrategias para el desarrollo de la educación superior”, señaló.
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