Mauricio Marín-Gutiérrez, Universidad Tarapacá
Alejandra Caqueo-Urízar, Investigadora Principal Línea 4: “Inclusión Psicosocial”
La expresión “no hay salud, sin salud mental” utilizada por la OMS (2005) cobra sentido bajo la consideración de esta última como condición necesaria y fundamental para la salud y la calidad de vida de las personas, las familias y la sociedad en su conjunto. Diversos organismos internacionales y países de todo el mundo han interiorizado paulatinamente este mensaje, incrementando sus esfuerzos destinados a la promoción y protección de la salud mental.
A pesar de los avances en la adopción de políticas, planes y normativas por parte de los Estados, son evidentes las desigualdades en la asignación y disponibilidad de recursos destinados a la salud mental entre los países y entre regiones (OMS, 2020). Dichas desigualdades quedaron patentes durante la reciente pandemia y repercutieron especialmente en la prestación de servicios de salud mental en países de ingresos bajos y medios (Kola et al., 2021). Estas dinámicas repercuten en la efectividad de la atención y tratamiento de los problemas de salud mental y se replican al interior de las sociedades con mayor desigualdad en la distribución de sus ingresos, siendo Chile uno de los casos más emblemáticos de la región (Mieres Brevis, 2020).
El marco de los Determinantes Sociales en Salud (DSS) muestra cómo el conjunto de mecanismos sociales, económicos y políticos configuran las oportunidades de salud de los grupos sociales en función de su ubicación en las jerarquías de poder, prestigio social y acceso a los recursos, lo que repercute en su estado de salud (OMS, 2008; 2010). Por consiguiente, algunas poblaciones tienden a mostrar una mayor vulnerabilidad a desarrollar problemas de salud mental, y no por una condición inherente al individuo sino por su ubicación en los extremos inferiores de la jerarquía social y lo que ello implica, como suele ser el caso de personas que se encuentran en situación de pobreza, inmigrantes forzados a dejar su país de origen o personas que pertenecen a minorías étnicas.
Respecto a los pueblos indígenas, estudios de salud intercultural dan cuenta de una mayor vulnerabilidad a padecer problemas de salud física y mental cuando se comparan con población no-indígena (Pedrero, 2014). La literatura especializada, señala que los problemas de salud mental que presentan deben ser entendidos en el contexto de violencia estructural a la que han sido sometidos históricamente, siendo fenómenos como la colonización, el racismo, la discriminación, las barreras lingüísticas y la pérdida de la cultura e identidad ancestral producto de la occidentalización algunos de los factores estresores que han afectado y afectan la salud mental y bienestar de los pueblos indígenas (Ferdinand et al., 2015; McDonald & Steenbeek, 2015).
El estado de salud mental de las poblaciones indígenas y el impacto de los factores psicosociales han sido escasamente estudiados en el contexto nacional. En relación a la evidencia disponible, se puede observar una importante atención a la población Mapuche pero la realidad con los Aymara al Norte de Chile es bastante más incierta, habiendo escasa investigación que dé cuenta de sus particularidades. En tanto, el conocimiento respecto al estado de salud mental en la población Aymara infanto-juvenil es aún más limitado. Considerando que el 12,8% de la población chilena pertenece a algún pueblo indígena (INE, 2017) y el pueblo Aymara ocupa la segunda mayoría indígena más numerosa en territorio nacional, la ausencia de información resulta preocupante y afecta el desarrollo de acciones estatales efectivas para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental.
En el marco de los objetivos del Centro de Estudios Avanzados sobre Justicia Educacional (CJE) y su Línea de Investigación de Inclusión Psicosocial, el presente documento tiene por objetivo analizar la evidencia empírica disponible sobre la salud mental y los factores psicosociales asociados en niños, niñas y adolescentes Aymara del Norte de Chile, a la luz de los procesos étnicos contemporáneos y la incidencia de las políticas públicas promovidas por el Estado de Chile desde el pasado reciente a la actualidad.
